Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la AOE viola los derechos humanos de las mujeres más pobres

Católicas por el Derecho a Decidir – Perú considera injusta y altamente manipulada la sentencia del Tribunal Constitucional para el que el Ministerio de Salud se abstenga de desarrollar como política pública la distribución  gratuita a nivel nacional de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE).

Los magistrados Juan Vergara, Carlos Mesías, Ricardo Beaumont, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez legitimaron la flagrante violación de los derechos humanos de las mujeres, especialmente de aquellas con menores recursos económicos y sin acceso a servicios de salud de calidad por parte del Estado peruano. Además, con esta sentencia se deslegitima y no se reconoce la sentencia anterior emitida por el Tribunal Constitucional.

Se demuestra así, la correlación de fuerzas entre representantes de este cuerpo jurídico, la injerencia de la jerarquía eclesial católica, de los grupos conservadores laicos y religiosos y la influencia de algunos políticos (ex ministros) y otros funcionarios públicos, cuyas visitas a las autoridades del TC para manipular la sentencia han sido ampliamente difundidas. Con esta decisión evidencian que no les importa la vida de las mujeres, reafirmando la intención política de ejercer control y abuso de poder sobre las personas más vulnerables de nuestro país, pretendiendo dominar conciencias y prácticas.

Muchos/as peruanos/as, entre ellos personas católicas, tienen una vida sexual activa, se protegen con métodos anticonceptivos, utilizan el preservativo o condón, tienen los hijos/as que planifican y pueden asumir, y disfrutan placenteramente su sexualidad como parte de sus proyectos de vida y amor, decidiendo sobre ésta. Estos son comportamientos éticos y responsables con ejercicio de conciencia y libertad para decidir. Los dogmas de la jerarquía católica están cada vez más lejos de las prácticas y comportamientos de católicos y católicas.

Como mujeres católicas pedimos al magisterio eclesial que deje de intervenir en las políticas públicas vinculadas a salud sexual reproductiva  e instamos a que se ocupe de resolver sus  problemas internos, muchos de estos vinculados a la esfera de la sexualidad y  mantenidos ocultos a lo largo de su historia. Su rol con la feligresía es servir y no imponer normas obtusas, rígidas y alejadas de la realidad.

En medio de tanta adversidad, reconocemos y saludamos la lucidez y ética con que se han desenvuelto los magistrados César Landa y Fernando Calle en el sustento -profesional y no confesional- ejercido a favor de la distribución de la AOE.

Finalmente, exigimos al Estado peruano y a las autoridades competentes fuerza, independencia y capacidad de respuesta para movilizar alguna medida compensatoria ante este candado jurídico que atropella la libertad de las mujeres para ser, hacer y decidir sobre lo que les afecta. El Estado peruano no puede desproteger de esta forma a las mujeres, si lo hace, será una deuda histórica con ellas y sus futuras generaciones.

Acceso a recursos para decidir, no al recorte de libertades en un Estado que se nombra  democrático.