Según los datos más recientes del Instituto Guttmacher, las mujeres en América Latina y el Caribe se someten a unos 4.1 millones de abortos cada año.
A lo largo y ancho de América Latina y el Caribe, los países han prohibido o penalizado el procedimiento con muy pocas causales de excepción; y, en algunos casos, ninguna.
Sin embargo, en lugar de reducir el número de abortos estas leyes draconianas simplemente están forzando a que el procedimiento se realice en la clandestinidad, haciéndolo inseguro y, muchas veces, mortal.
Las restricciones severas no evitan el aborto. Esas leyes no protegen a persona alguna. En lugar de ello, ponen en riesgo las vidas de las mujeres.
Las restricciones al aborto no cambian las razones que tienen las mujeres para someterse al procedimiento.
Por el bien de las mujeres de América Latina y el Caribe, se tiene que trabajar para reducir las muertes maternas debidas al aborto inseguro e impulsar la salud y los derechos reproductivos de las mujeres.
Se debe promover un enfoque integral de atención al aborto que tome en cuenta los distintos factores que influyen en las necesidades individuales de salud de la mujer, así como sus circunstancias personales y su capacidad para tener acceso a los servicios. (IPPF)
