Miles de argentinas se exponen a “sufrimientos” evitables que pueden llevarlas a la muerte por “conductas negligentes o abusivas” en los servicios de salud del país, donde el 40 por ciento de los embarazos son interrumpidos por abortos ilegales, según un informe de Human Rights Watch (HRW).
Las cifras de Argentina duplican a la media latinoamericana, situada en el 20 por ciento, y confirman que en este país el aborto se ha convertido “en un método de anticoncepción”, señaló a Efe Marianne Mollmann, directora de abogacía de la división Derechos de las Mujeres de HRW.
Mollmann denunció que en Argentina, pese a tener una buena normativa sobre acceso a anticonceptivos y educación sexual, la ley no se aplica o se hace “de modo arbitrario, sin control ni supervisión”.
Los resultados, agregó, crean situaciones como la registrada en 2008, cuando “no hubo distribución de anticonceptivos por parte del Gobierno porque estuvieron parados en contenedores del puerto por razones burocráticas”.
La investigación de HRW divulgada hoy en Buenos Aires insta al Gobierno argentino a garantizar a las mujeres el acceso a los servicios sanitarios, empañados por “deficiencias, falta de supervisión y los prejuicios” médicos.
“Las mujeres necesitan recibir atención confiable. Pero en Argentina esto se parece más a una lotería: se puede tener suerte y recibir atención decente, aunque es más probable que no se tenga otra opción que someterse a servicios deficientes o, incluso, abusivos”, advirtió el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Muchos de los 460.000 abortos que se registran en el país cada año, según cifras oficiales, son practicados “de forma insegura”, lo que constituye una de las causas principales de mortalidad materna desde hace décadas, precisó el estudio “¿Derecho o ficción?: La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva”.
Una reciente investigación de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (Sogiba) sostiene que dos de cada tres muertes de mujeres por causas relacionadas con la maternidad, como el aborto, no se registran como tales en los hospitales de Buenos Aires.
“A menos que los cambios sean constantes y claros, muchas mujeres y niñas continuarán sufriendo y, en algunos casos, perderán la vida”, alertó Vivanco.
Según el trabajo de HRW, basado en 40 entrevistas y documentos, las argentinas enfrentan “numerosos obstáculos” para recibir servicios a los que tienen derecho, como procedimientos voluntarios de esterilización, anticoncepción y aborto después de una violación.
Prolongadas demoras, derivaciones innecesarias a otros centros de salud y exigencia ilegal de autorización del esposo, o directamente rechazo a la atención, son algunas de las barreras que deben vencer las pacientes.
“Cada vez que tienes que sacar pastilla, tienes que sacar turno tres meses antes para que te den una pastilla vencida”, lamentó María, una de las entrevistadas para el estudio, realizado en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires entre febrero y marzo de 2010.
Algunos médicos, además, se niegan a practicar abortos lícitos, por lo que las pacientes optan por recurrir a interrupciones del embarazo “a menudo sumamente inseguras, practicadas por proveedores no habilitados”.
“Otras prescinden de cualquier tipo de atención, y algunas incluso pierden la vida”, alertó el informe sobre Argentina, donde el aborto está prohibido por ley, salvo en casos de peligro para la vida o la salud de la madre, violación o abuso a una mujer discapacitada.
En 2008 más del 20 por ciento de las muertes por emergencias obstétricas registradas se debieron a abortos inseguros, según cifras gubernamentales.
Para el consultor del ministerio de Salud Daniel Lipchak, los médicos se oponen a practicar abortos porque “les van a llamar abortista, porque tienen miedo de lo que dirán” o por temor a dificultades posteriores con la justicia.
Este tipo de situaciones aparecen también con las mujeres discapacitadas, víctimas de “prejuicios” de médicos que “no creen que las mujeres con discapacidades visuales o auditivas mantengan relaciones sexuales o puedan recordar que tienen que tomar una pastilla anticonceptiva”, sostuvo Vivanco.
Para HRW existe una falta de voluntad política para resolver el asunto, como demostró la reciente polémica desatada por la actualización de una guía del Ministerio de Salud que permite a los médicos interrumpir embarazos producto de violación sin necesidad de intervención judicial.
De la misma se desmarcó el titular del departamento, Juan Manzur, tras el rechazo expresado por los sectores más conservadores.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, se ha pronunciado en contra de legalizar el aborto, aunque la diputada oficialista Juliana Di Tullio y organizaciones sociales presentaron este año un proyecto de ley para su autorización. (EFE)
