Apoyo a la inclusión de la despenalización del aborto en el Plan de Derechos Humanos, PNDH, de Brasil
Declaración RSMLAC
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, en su calidad de instancia de articulación regional de organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos de las mujeres, manifiesta su irrestricto apoyo a la mantención de la despenalización del aborto en los contenidos del Plan de Derechos Humanos, PNDH, de Brasil, así como también de otras propuestas de gran importancia para los derechos de las personas.
Efectivamente, el PNDH es una iniciativa relevante que al ser aprobada el pasado mes de diciembre de 2009, orientaba al Poder Legislativo hacia la elaboración de leyes para avanzar a la despenalización del aborto, para regular las uniones civiles de la diversidad sexual y también para proceder en otras materias tales como el desarrollo de investigaciones sobre torturas cometidas por la dictadura militar en ese país (1964-1985).
Como red regional reconocemos y valoramos la trascendencia de este Plan que fue elaborado desde la conjunción de voces diversas, puesto que surgió como resultado de las discusiones llevadas a cabo en la 11ª Conferencia Nacional de los Derechos Humanos, realizada en Brasilia en diciembre de 2008. Por ello tenemos la certeza de que servirá como una guía de acción para la elaboración de normativas en derechos humanos que logren garantizar y promover la igualdad, la no discriminación y el respeto a la dignidad de todas las personas en dicho país. En este mismo sentido, sostenemos que la inclusión de la despenalización del aborto fue una respuesta a la lucha incansable que las mujeres brasileñas han impulsado desde hace décadas como parte de sus demandas en derechos humanos, y en particular, en derechos sexuales y reproductivos, y quienes han enfatizado especialmente la necesidad del respeto a la autonomía de las mujeres para decidir sobre su sexualidad y reproducción libres de coerción, imposición o violencia.
Es por ello que llamamos a las altas autoridades del gobierno a respetar estos contenidos originalmente acordados en el Plan, y a rechazar las presiones de los sectores conservadores de la Iglesia Católica y también del Ejército, quienes continúan presionando al Ejecutivo para que retire de sus contenidos las temáticas antes señaladas, irrespetando la vigencia de un Estado laico y desconociendo la elaboración democrática y participativa de dicho documento. Esta preocupación ya había sido manifestada en comunicación pública difundida por organizaciones y redes de mujeres brasileñas el 9 de enero de 2010, las que siguen vigilantes para denunciar cualquier retroceso en la aprobación del Plan.
Finalmente, y tomando en cuenta el reiterado compromiso público del Gobierno brasileño con los derechos y la salud de las mujeres, y su decisión de responder a los desafíos en salud sexual y reproductiva que nos coloca este nuevo milenio, estamos ciertas de que comprenderá la necesidad de abordar integralmente la problemática del aborto en Brasil, que hoy se traduce en aproximadamente un millón de procedimientos inseguros cada año y en cerca de 250,000 mujeres hospitalizadas por complicaciones de estos procedimientos. Son enfermedades y muertes que pueden y deben ser evitadas, y toda sociedad democrática debe avanzar en la resolución de este drama.
La RSMLAC se mantendrá en alerta para ir en apoyo a las demandas de las organizaciones y redes de mujeres en Brasil, y convoca a su membresía en la región para que también exprese su solidaridad y respaldo.
Mayores informaciones:
Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos: http://www.redesaude.org.br
Católicas por el Derecho de Decidir: http://catolicasonline.org.br/ExibicaoNoticia.aspx?cod=753
CLADEM-Brasil: http://www.cladem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=476:posicion-de-cladem-brasil-sobre-la-posibilidade-de-alteracion-del-programa-nacional-de-derechos-humanos&catid=49:ultimas-noticias&Itemid=112
A FAVOR
Desinforma que algo queda
Por: Alfredo Guzmán, Médico y consultor en salud pública
La anticoncepción oral de emergencia (AOE) está nuevamente en el debate público por la decisión del Ministerio de Salud de distribuirla gratuitamente en todos los establecimientos de salud, luego de la opinión dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que esta no es abortiva. Ante ello, los detractores de tal medida tratan nuevamente de desinformar a la opinión pública.
En un último artículo el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, en este Diario, pone en duda la condición científica y técnica de la OMS en esta materia. La OMS es un organismo técnico de las Naciones Unidas reconocida y líder en el campo de la salud en general, y sus opiniones y propuestas están basadas en evidencias científicas, desde cómo afecta a la salud el cambio climático, las catástrofes, las enfermedades crónicas, infecciosas, los medicamentos, las vacunas y también los aspectos de la salud reproductiva, como es este caso. No es cierto que promueve el aborto, sino que señala que el aborto clandestino y en condiciones inseguras mata a muchas mujeres en el mundo y por ello sería conveniente que en aquellos países en que este no es legal (en más de la mitad de los países del mundo es legal), se tenga amplio acceso a métodos anticonceptivos por parte de la población para evitar embarazos no deseados y se contemple la posibilidad de ampliar el aborto legal a casos de violación y malformaciones fetales congénitas incompatibles con la vida, y no solo en caso de peligro de la vida de la madre.
Se cuestiona que la OMS considere que el embarazo comience con la implantación y no la fecundación o fertilización. A este momento la ciencia le llama concepción y no a la fusión de los gametos que es la fertilización. Todos los que estudiamos medicina sabemos que ello es así, porque en el proceso que ocurre desde la fertilización del óvulo con el espermatozoide hasta su implantación en el endometrio se pierde normalmente el 70% de ellos, o muchas veces esto da lugar a un embarazo sin embrión (saco ciego), o a una mola hidatidiforme, que no son en absoluto un nuevo ser o embrión. Solo la implantación permite la secreción de una hormona HCG, que es el primer indicio clínico de que esa mujer esté gestando. Antes no existe ninguna prueba que permita saber si una mujer está gestando o no, y eso es evidencia científica.
La AOE, como lo demuestran los cientos de estudios realizados en pruebas clínicas, actúa previniendo la unión del óvulo con el espermatozoide al impedir la progresión de los espermatozoides y retrasando la ovulación. Esos estudios han sido explicados y mostrados en los múltiples debates que se han llevado a cabo sobre el tema. Por el contrario, sus detractores nunca han mostrado alguno que pruebe sus afirmaciones. Se refieren al Vademécum estadounidense, pero no a lo que dice sobre la AOE sino sobre el compuesto farmacológico, el Levonorgestrel en dosis mayores y administrado en forma continua que no es el caso de la AOE, que es una sola toma. Por último sería interesante conocer cuáles son las otras instituciones de igual o mayor prestigio o competencia que la OMS, a que se refiere el arzobispo Eguren, ya que la opinión que conocemos solo es de instituciones no académicas ni científicas vinculadas a la Iglesia.
Acá lo que se trata es de poner a disposición de las mujeres un método anticonceptivo que puede en un 85% de los casos evitar un embarazo no deseado y evitar así el riesgo de recurrir a un aborto que ponga en peligro su vida, y que cada persona de acuerdo con sus convicciones vea la conveniencia de usarlo o no. Como bien dice el arzobispo Eguren, no se debe actuar por presión de grupos interesados, como fueron los que hicieron que el Tribunal Constitucional cambiara su sentencia el año pasado.
http://elcomercio.pe/impresa/notas/desinforma-que-algo-queda/20100323/450663
EN CONTRA
Debate: El regreso de la Anticoncepción Oral de Emergencia
Efecto abortivo sí puede ocurrir
Por: Renzo Paccini, Médico
Cómo actúa la píldora del día siguiente
La resolución con que el Ministerio de Salud (Minsa) dispone distribuir nuevamente la anticoncepción oral de emergencia (AOE) dice basarse en información científica que le permite afirmar hoy —categóricamente— que “existe certeza de que el uso de levonorgestrel como AOE no es abortivo”. Como otros han comentado, el procedimiento seguido en términos legales no es válido, ni siquiera si se aceptara como cierta la información científica que sustenta la resolución. ¿Pero dicha información es cierta?
A la fecha, el consenso científico sobre la AOE y sus mecanismos de acción —verificable por cualquier médico de nuestro país que tenga formación regular, rigor académico y sea honesto— se puede resumir en cuatro puntos. No se conocen sus mecanismos completamente, son necesarios más estudios. Inhibe la ovulación, pero este mecanismo no opera siempre y por sí solo no explica toda su eficacia para evitar un embarazo. No afecta al embrión una vez que ya está implantado. Y finalmente, no se puede descartar que interfiera con la implantación del embrión, lo que es causar un aborto. Esto lo afirma Leung y colaboradores en una revisión de los estudios de los últimos 10 años, publicado en febrero pasado en la revista “Pharmacotherapy”; y lo afirman, en una revisión actualizada a marzo de este año, dos de los principales investigadores de la AOE, Trussell y Raymond, de la Universidad de Princeton, firmes partidarios de su uso y difusión, sin que ello llegue a aturdir su rigor intelectual y honestidad científica y ética en la presentación y el manejo de la información fruto de las investigaciones que ellos mismos hacen.
Lo afirman los mismos fabricantes de la droga, prefiriendo el riesgo de perder un mercado al de ser enjuiciados, en países donde las autoridades son firmes con quien manipula información. Lo afirman la entidad reguladora de medicamentos en la Comunidad Europea (EMEA) y en Estados Unidos (FDA), que verifican la información proporcionada por las casas farmacéuticas e investigan continuamente para obtener información propia y vigilar sobre los fármacos en uso. La calidad técnica de ambas instituciones es reconocida internacionalmente; Digemid —su “equivalente” peruano— por ley tiene como referentes oficiales a los “países de alta vigilancia” —léase FDA y EMEA— para regular los medicamentos en nuestro medio, acogiendo —por ejemplo— las alertas que ellas emiten indicando actualizar la información en los insertos de una medicina en uso, según los nuevos hallazgos de sus investigaciones. El Instituto Nacional de Salud (INS) de Estados Unidos informa al público sobre la AOE según los datos proporcionados por FDA. Aun más, la misma OMS —que es un órgano técnico, pero también político— se vale de los informes técnicos proporcionados por FDA, por ejemplo en lo referente a medicinas para tuberculosis y a vacunas; pero curiosamente, respecto a la AOE los descarta.
¿Por qué la Digemid, faltando a sus disposiciones internas, ignora los informes de FDA y EMEA sobre la AOE y se alínea con la opinión de la OMS/OPS? ¿Por qué nuestro Instituto Nacional de Salud informa que no existe evidencia de que la AOE interfiera con la implantación, mientras que su par estadounidense afirma que el efecto abortivo sí puede ocurrir? ¿Qué ciudadanos están recibiendo información falsa, nosotros o ellos? Las razones que tiene el Minsa para reponer la AOE pueden ser de cualquier otro tipo, pero no científicas; y sobre todo son contrarias a la ética. (Martes 23 de Marzo del 2010)
http://elcomercio.pe/impresa/notas/efecto-abortivo-si-puede-ocurrir/20100323/450627
Oscar Ugarte, ministro de Salud
Un nuevo capítulo por la distribución gratuita de la píldora del día siguiente se librará esta semana en Lima, cuando se oficialice la invitación al congreso del representante regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que explique por qué ese organismo y la OMS no la consideran abortiva.
De esta manera, la comisión de salud del congreso aspira a dar por zanjado un debate que escapó del ámbito de la salud reproductiva a otros de la política, pues no son pocos los que opinan que, con la decisión tomada la segunda semana de marzo por el ministro de salud, Oscar Ugarte, de distribuir gratuitamente la píldora a pesar de existir una sentencia en contra del Tribunal Constitucional, se está erosionando el estado de derecho en el Perú.
El 9 de marzo, Ugarte anunció que se reanudará el reparto de la píldora, luego que estudios internacionales encargados por su portafolio demostraron que ésta no tiene efectos abortivos. En el anuncio también estuvo presente la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez quien, a su vez, dijo que tal decisión beneficiará más a las mujeres pobres.
Según el ministro, la OMS ha determinado que la píldora no interrumpe la vida en desarrollo porque actúa antes de que se produzca la concepción. “Por lo tanto, no tiene efectos abortivos contra la salud y puede retomarse su distribución y uso”, afirmó.
Pero, como era de preverse, la decisión inmediatamente produjo reacciones encontradas. Mientras gran parte de las autoridades públicas y de salud, como el Colegio Médico, saludaron la medida, los sectores conservadores y varios juristas la calificaron como un atentado contra las leyes e, incluso, como “un golpe de estado”.
El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan Vergara, denunció que el ministerio de salud no está facultado, legalmente, para desconocer la resolución de ese organismo basándose en una nueva prueba y emplazó al ministro a respetar la sentencia porque sería un atentado contra la Constitución que dispone, señaló, que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que tienen el carácter de “cosa juzgada”, modificar sentencias o retardar su ejecución.
“Si el ministro tiene elementos contundentes, debe hacerlos llegar al juez de primera instancia, que tiene a su cargo la ejecución del proceso. Él podría hacerlos llegar al TC y nosotros fijar una posición. Pero no puede esgrimir los mismos argumentos que sostuvo en el expediente porque eso tendría como trasfondo favorecer a los laboratorios”, opinó Vergara.
Sin embargo, en respaldo al ministro salió el propio Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez. “Son quienes se oponen a esta medida por motivos religiosos o ideológicos los que ahora tendrán que demostrar que este anticonceptivo es abortivo”, afirmó.
Informó que fue el ejecutivo el que solicitó a la OMS aclarar sobre la probable naturaleza abortiva de la píldora, dado que el argumento del TC para prohibir su distribución gratuita por el Estado fue que existía una “duda científica” respecto a que si era o no abortiva. “La OMS acaba de responder que no lo es”, agregó.
La respuesta de la OMS, aparentemente, habría dividido a los propios miembros del TC. Gerardo Eto declaró a los medios que dicha instancia podría reconsiderar el contenido de su fallo, si es que se demuestra que la OMS ha actualizado la información sobre la píldora. “Tendríamos que evaluarlo”, sostuvo. Pero los demás miembros no dan su brazo a torcer. En el TC no hay ninguna mujer.
En ese contexto, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, Hilda Guevara, anunció el sábado 13 que se invitará al representante de la OPS, el médico cubano Mario Valcárcel Novo —ante quien recae la representatividad de la OMS en el Perú— para que informe por qué no se considera abortiva la píldora.
“Su exposición tendrá carácter informativo y pedagógico, para que fije la posición de la OMS y descarte que la ‘píldora del día siguiente’ es abortiva. De esa manera, buscamos sustentar la decisión de Ministerio de Salud de repartir gratuitamente el fármaco”, declaró a la Agencia de Noticias Andina.
Guevara, como muchas personas en el país, está a favor de la distribución gratuita de la píldora y es muy crítica de quienes se oponen a esta medida. “Si no son gratuitas, solo podrán ser adquiridas por las mujeres de mejores recursos económicos, y ¿dónde se deja a las mujeres pobres?”, se preguntó la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso. (SEMlac)
América Latina es un bastión contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo y, pese a que la mayoría de sus gobernantes se proclaman progresistas, solo en un país el aborto está despenalizado, mientras en cinco es un crimen aun cuando la gestación lleve a la madre a la muerte.
Las draconianas leyes de penalización –con excepciones muy restrictivas, cuando las hay– no impiden que el índice de abortos sea de 31 por cada 1.000 mujeres, dos más por cada 1.000 que el promedio mundial. Solo convierten su práctica en clandestina e insegura y, en consecuencia, en la segunda causa latinoamericana de mortalidad materna.
“El machismo es clave. La concepción patriarcal de nuestras sociedades es tal, que no cuesta tanto negar este derecho. Si la conciencia social sobre la igualdad estuviese bien asentada, sería mucho más costoso para los gobiernos progresistas negar derechos vinculados a esa igualdad”, dijo a IPS la socióloga uruguaya Moriana Hernández.
“Es fácil negociar sobre el cuerpo de las mujeres por ese peso patriarcal”, analizó la responsable de la campaña por una educación no sexista y no discriminatoria del Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).
Así que el aborto sirve de moneda de negociación entre gobernantes y poderes conservadores, aunque todos sepan que en la región cada año hay más de cuatro millones de interrupciones clandestinas del embarazo, a las que se asocian más de 4.000 muertes evitables, o que en países como Argentina por cada nacimiento haya casi un aborto inducido.
Para Hernández y otros analistas, el estancamiento o retroceso del derecho de las mujeres a decidir es consecuencia de la fundamentalista ofensiva de la Iglesia Católica para mantener a América Latina como tierra libre de aborto, legal al menos.
“La Iglesia siempre estuvo pendiente del aborto, pero ahora es un tema que la exacerba fuera de toda proporción, y no solo el aborto sino también la educación sexual, cuando en realidad no hay planteamientos ni nuevos ni radicales”, dijo Hernández.
La última década, la región estuvo escorada a la izquierda. Pero al mismo tiempo, en Nicaragua se eliminó en 2006 toda excepción a la criminalización del aborto, en Uruguay un veto presidencial anuló en 2008 su legalización legislativa y en República Dominicana la vida pasó en 2009 a ser un derecho constitucional desde la concepción.
De hecho, las mejores noticias sobre el derecho femenino a decidir vinieron de dos países gobernados por la derecha. En Colombia, la Corte Suprema estableció en 2006 tres supuestos en los que el aborto debe permitirse –y facilitarse–, y en el Distrito Federal de México un año después se legalizó el aborto hasta las 12 semanas.
Pero la medida adoptada por el legislativo del distrito donde se asienta la capital mexicana y viven 18 millones de personas desató una “furibunda contrarreforma” por parte de la Iglesia, en palabras de Hernández, que ha provocado que en 17 de los 32 estados del país ahora el aborto esté prohibido radicalmente.
Rita Segato, una antropóloga argentina e investigadora de la Universidad de Brasilia, adjudica el fervor con que la Iglesia se opone a la despenalización del aborto a razones diferentes a la defensa de la vida. “Si le importara, la jerarquía católica estaría en otros frentes con la misma beligerancia, defendiendo la vida”, aseguró.
“Le interesa marcar en este momento la permanencia de su influencia” sobre los Estados, explicó en una entrevista, y es por ello que entra en una competencia de autoridad con el feminismo latinoamericano.
“Mando aquí todavía” y hago que en las leyes “mi perfil ideológico esté retratado, y voy a ganar”, es el mensaje de la jerarquía católica, según la antropóloga. El relanzar la criminalización del aborto “es una guerra de influencias”, sintetizó.
A su juicio, como las leyes tienen un fin diferente al que expresan, resultan muy ineficaces en su propósito aparente. “Católicas, no católicas, evangélicas”, todas abortan cada día, porque no lo sienten como un delito penal o ético, concluyó.
Para Hernández, la Iglesia está especialmente nerviosa porque ahora en la región hay una visible y creciente conciencia sobre la importancia del derecho al aborto, “que era impensable hace 10 años o incluso cinco”.
“En la agenda feminista siempre fue un punto cardinal, pero por años faltó un movimiento popular con conciencia sobre su importancia. Era un tema relegado”, afirmó.
Vinculó la negociación sobre el cuerpo de las mujeres en la penalización del aborto con el hecho de que esta región sea aquella “donde la violencia de género es gigantesca”, pese a que en América existe la única convención continental contra la violencia machista y en todos los países hay leyes, algunas avanzadas, para enfrentarla.
“A una sociedad que admite la violencia de los hombres hacia las mujeres tampoco se le puede pedir que no acepte que a la mujer se le impida decidir sobre su embarazo, otro asunto vinculado a su cuerpo”, reflexionó la veterana luchadora feminista uruguaya.
La saña con que se manifiesta en los últimos tiempos esa violencia y la ofensiva contra toda despenalización legal del aborto tendrían un origen común: aumentan en la medida en que el poder patriarcal es más cuestionado, dijo Hernández.
Por eso, la integrante de Cladem dijo que hay que saber mirar más allá, “porque no solo ha habido retrocesos”.
“Hay marchas y contramarchas, como demuestra el caso de México, y hay un riesgo de simplificación si medimos los avances solo por lo que hacen los gobiernos, sin ver actuaciones políticas, sociales y gremiales que hay detrás”, planteó.
“Hay ahora un estado de discusión sobre el derecho al aborto como nunca hemos tenido, y es una corriente que aumenta día a día”, dijo, y fruto de ello es la combatividad que manifiestan las mujeres el Día por la Despenalización del Aborto, que la región celebra desde 1990 cada 28 de septiembre.
También es una de las principales banderas de las organizaciones femeninas en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, en especial este año cuando la igualdad de derechos y de oportunidades es el tema de las Naciones Unidas para la jornada.
Hernández citó a Uruguay como ejemplo de las complejas lecturas sobre el problema. Tabaré Vázquez, que culminó su Presidencia quinquenal al comenzar este mes y gobernó con el izquierdista Frente Amplio, vetó en noviembre de 2008 la legalización del aborto incluida en una ley sobre salud reproductiva aprobada gracias a su propia mayoría.
Pero mirar sólo el veto tapa otros elementos: una sólida mayoría de senadores y diputados aprobó despenalizar el aborto, al menos 63 por ciento de los uruguayos se manifestaron en encuestas por la legalización, y las centrales sindicales, tradicionalmente un espacio muy masculino, apoyaron decididamente la ley.
Hubo también avances prácticos: la ley mantuvo la obligación de todos los médicos y centros de salud de informar sobre los métodos seguros de interrupción voluntaria del embarazo, aunque no puedan practicarlos. Sí deben atender a quienes lleguen con complicaciones por un aborto, sin preguntas y sin denuncias.
Cuando presidentes progresistas, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la argentina Cristina Fernández, el nicaragüense Daniel Ortega o el ecuatoriano Rafael Correa, se congracian con la Iglesia y otros sectores conservadores sosteniendo una línea dura sobre el aborto, generan contradicciones con sus propios soportes políticos y sociales, que para ellos o sus sucesores serán inmanejables en un futuro, analizó.
“Las sociedades latinoamericanas están maduras para la despenalización del aborto. Ese es un hecho incuestionable”, sentenció Hernández. Pero se trata de un tema “en el que nadie va a ceder un paso sin ser forzado, y que ello suceda pasa, también, por crear una masa crítica de hombres a favor del derecho a decidir de las mujeres”, concluyó
Lo que dicen las leyes
Al comenzar 2010, había en América Latina 11 países con gobiernos catalogados de progresistas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela), seis considerados de derecha o centro-derecha (Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá y Perú) y otros dos percibidos como de centro: Guatemala y República Dominicana.
De ellos, en Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana el aborto está prohibido, sin excepción legal explícita ni para salvar la vida de la madre.
Pero en Honduras el Código de Ética Médica permite interrumpir el embarazo si la vida de la gestante corre peligro.
Cuba es el único país donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 1965 hasta las 12 semanas de gestación, y a ello adjudican los expertos que la tasa de abortos sea de menos de 21 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, 10 puntos menos que el promedio regional.
En Argentina, Costa Rica, Paraguay y Venezuela, el aborto solo se permite para salvar la vida de la madre. En Argentina se faculta también cuando la mujer es “idiota o demente”, y en Venezuela hay causas eximentes, como proteger “la honra” de la mujer y “el honor” del hombre.
En Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala y Uruguay se permite, además, en casos de violación o incesto, a lo que en el último país se suma la causal de angustia económica.
En Colombia, México –donde no hay legislación específica en el plano nacional– y Panamá se suma a las dos anteriores causas la de la malformación del feto, para permitir el aborto. (IPS)
El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán destaca la importancia de la decisión del Ministerio de Salud, mediante la Resolución Ministerial 167 – 2010/MINSA, que hace de conocimiento público que la anticoncepción oral de emergencia tiene como única finalidad evitar los embarazos no deseados, impidiendo la fecundación, y que ordena su redistribución gratuita.
Paul Flores, coordinador del Programa Derechos Sexuales y Ciudadanía en Salud del Centro Flora Tristán, considera que esta decisión restituye el derecho que tienen las mujeres a prevenir embarazos no deseados. “Ahora las mujeres podrán decidir libremente sobre sus cuerpos y su reproducción, esto se traduce en mejores condiciones de vida para ellas”, agregó.
Ante los comentarios suscitados respecto al supuesto delito contra la administración de justicia, la abogada Ivonne Macassi, coordinadora del Programa de Derechos Humanos del Centro Flora Tristán, comenta que “con esta medida el Ministerio de Salud no desacata ninguna orden del Tribunal Constitucional, lo que ha hecho es cumplir con uno de los requisitos que éste exigía, que consiste en cerciorarse hasta tener el grado de certeza que el fármaco no produce efectos secundarios dañinos para la salud”.
La AOE, como lo señaló el ministro de Salud Oscar Ugarte, tiene un respaldo técnico y científico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que no daña la salud de las mujeres y no produce efectos secundarios mortales.
Ahora las mujeres peruanas, sobre todo las más pobres, podrán acceder a este método anticonceptivo para evitar un embarazo no deseado. Ello contribuirá a la lucha efectiva contra el aborto inseguro, la disminución de los embarazos en adolescentes y embarazos producto de una violación, entre otros. (C.M.P. Flora Tristán)
Foto: La República
El ministro Ugarte explicó que la decisión se adoptó luego que la OMS emitió un informe en el que afirma que la píldora no es abortiva ni tiene otro efecto dañino.
El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso distribuir nuevamente en todo el país el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), conocida como la píldora del día siguiente, tras más de cinco meses de haber sido retirada del Programa de Planificación Familiar por un fallo del Tribunal Constitucional.
Esta decisión se adoptó luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitiera un informe en el que confirmaba que dicho medicamento no es abortivo ni tiene algún otro efecto dañino.
Así lo informó el ministro de Salud, Óscar Ugarte, tras suscribir una resolución ministerial que reincorpora la píldora del día siguiente al Programa de Planificación Familiar.
Ugarte explicó a RPP que tras acogerse al fallo del TC, el Minsa pidió a la OMS emitir un informe sobre los efectos del AOE, determinando que no tiene efectos dañinos.
”El Ministerio de Salud solicitó a la OMS para que informe si hay o no efecto dañino y ha dicho categóricamente que no tiene efecto abortivo, es por eso que nosotros, en base a esa certeza y al marco del acuerdo del TC, retomamos la distribución de la píldora”, manifestó Ugarte.
El titular afirmó que ya no hay posibilidad que el Tribunal se resista a distribuir la píldora, ya que está confirmado por la propia OMS.
En ese sentido, dijo que tras el acuerdo ministerial suscrito con la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, el AOE ya puede ser reincorporado al Programa de Planificación Familiar.
Ugarte refirió que este logro se hace a favor de las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. (RPP)
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 167 -2010/MINSA
La ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, manifestó que ahora se va a salvar la vida de miles de mujeres que ya no optarán por el aborto.
La ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, saludó la decisión del Ministerio de Salud de incorporar nuevamente el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), conocido como la píldora del día siguiente, al Programa de Planificación Familiar.
”Cuántas mujeres de escasos recursos y violadas se vieron perjudicadas con el fallo del Tribunal Constitucional” que impedía la distribución de la píldora, se preguntó Vílchez
Manifestó que ahora, con la resolución ministerial se va a salvar la vida de miles de mujeres que ya no optarán por el aborto.
Solo en el 2006, al menos seis mil 569 mujeres denunciaron haber sido violadas.
Recordó que tras el fallo del TC, el precio de la píldora en farmacias privadas se había duplicado. (RPP)
El 1 de febrero de 2010, el Parlamento Europeo aprobó una resolución[1] que reconoce, entre otras cosas, que “las mujeres deben tener el control sobre sus derechos sexuales y reproductivos, en particular mediante el acceso fácil a la anticoncepción y el aborto” (Artículo 38). La resolución fue bienvenida por defensoras de los derechos de las mujeres en Europa. La Red ASTRA emitió de inmediato una declaración[2] que encomia al Parlamento y señala que la resolución llevó a concluir exitosamente las campañas de la Red a favor de leyes que aseguren el pleno control de las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
La actual situación en Europa Central y Oriental
El estado de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres europeas varía de un país a otro. Holanda tiene leyes muy liberales; la interrupción del embarazo es permitida a solicitud hasta las 24 semanas de gestación. En Malta, por el contrario, el aborto está absolutamente prohibido. En varios Estados de la antigua Unión Soviética, si bien las leyes pueden permitir el acceso de las mujeres al aborto y la anticoncepción, el contexto actual no permite un acceso fácil y universal. Desde la década de 1950, el aborto ha sido legal y accesible en los Estados de Europa Central y Oriental (ECO), a excepción de Albania y Rumanía, pero a raíz del colapso del comunismo en los años noventa los debates sobre el aborto y la anticoncepción se han enmarcado cada vez más en términos ideológicos y religiosos, lo cual ha tenido un impacto en la accesibilidad a información y servicios.
Wanda Nowicka, Coordinadora de ASTRA, señala:
“A diferencia de sociedades en Occidente donde las mujeres tuvieron que luchar por sus derechos reproductivos en los años cincuenta y sesenta, las sociedades en ECO no necesitaron defenderlos, [por lo cual] no desarrollaron argumentos a favor del derecho a decidir ni un movimiento en torno a estos asuntos. En parte a causa de ello, han resultado ser particularmente vulnerables a la retórica contra el derecho a decidir”.[3]
Quizás debido a esta ausencia de participación política de las mujeres en el tema, en ECO los derechos reproductivos históricamente no se han considerado un asunto de igualdad de género. Como en otros contextos alrededor del mundo, los argumentos religiosos en esta región tampoco han tenido en cuenta la igualdad de derechos de las mujeres; los derechos percibidos del feto tienen preeminencia sobre los de la mujer. Fue extraño escuchar a un ex Ministro de Salud en Polonia, cuando se le preguntó si promovería los métodos anticonceptivos, decir que en vista de que “las relaciones sexuales no son una enfermedad, no es necesario que el Ministerio de Salud aborde este asunto”;[4] es decir que para el funcionario no tenía sentido promover servicios de anticoncepción.
Nowicka escribe que profesionales de la salud y legales se están volviendo cada vez más conservadores. Aun cuando las leyes permiten el aborto, con mayor frecuencia los profesionales de la salud citan la conciencia como fundamento para no brindar servicios de aborto o métodos anticonceptivos. Ella señala que esto podría tener un fuerte vínculo con el auge de las fuerzas religiosas.
Las cuestiones demográficas también influyen en los argumentos que se oponen a otorgarles a las mujeres un control pleno sobre sus opciones reproductivas. La reducción de las tasas de natalidad en ECO[5] es motivo de alarma para muchos líderes políticos que abogan por restringir el aborto o la anticoncepción. Sin embargo, las evidencias científicas muestran que las tasas de natalidad en Polonia han seguido decreciendo aun después de la penalización del aborto en 2003.
La mayoría de Estados de ECO tiene una tasa de embarazo en adolescentes entre dos a cuatro veces más alta que la de Europa Occidental (a excepción del Reino Unido) y las tasas de infección por VIH en adolescentes son las de mayor crecimiento en Europa. Por lo general, la educación sobre la sexualidad es menor en ECO: según Nowicka, en Armenia está totalmente ausente en el currículo escolar, mientras que en Lituania and Eslovaquia se proporciona en el contexto de lecciones de biología y de religión o ética que no son integrales. Es insuficiente la información precisa y no prejuiciada sobre “todos los aspectos de la sexualidad, la anticoncepción [y] las infecciones de transmisión sexual, incluida la del VIH”; tampoco se brindan a las personas jóvenes las habilidades para tomar decisiones sobre su salud o sus derechos sexuales y reproductivos. El aspecto igualmente importante de la igualdad de género no suele ser parte de la programación de la educación sobre la sexualidad.
El 60 por ciento de los embarazos en Europa Oriental no se planifica y el aborto es el principal método para controlar la fertilidad en Rusia. El uso de métodos anticonceptivos en ECO es mucho menor que en el resto de Europa por varias razones. El costo es un factor; en Rusia y Armenia, el costo anual de la anticoncepción para una mujer es más alto que el costo del aborto. La información es otro problema: con frecuencia, los proveedores de cuidados de salud tienen ya sea ideas erróneas sobre los métodos anticonceptivos o puntos de vista religiosos que les llevan a no brindar información correcta a las mujeres sobre las opciones anticonceptivas y de aborto.
¿Qué significa la resolución para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?
La resolución del Parlamento Europeo apoya la adopción de “medidas y acciones encaminadas a mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva y a facilitarles una mejor información sobre sus derechos y los servicios disponibles”, lo cual debería incluir la toma de conciencia para eliminar el estigma en torno a la anticoncepción y al aborto. También pide a los Estados miembros que “apliquen medidas y acciones destinadas a sensibilizar a los hombres acerca de sus responsabilidades en materia sexual y reproductiva”.
La resolución envía un fuerte mensaje político ante el auge de la retórica religiosa en contra de que las mujeres tengan control sobre su salud y sus derechos reproductivos en países como Croacia y Lituania. Aun así, hay restricciones sustanciales en cuanto a voluntad política. Según Nowicka, en 2008 el Procurador de los Derechos Humanos de Polonia presentó una queja contra la disposición de la ley polaca que permite el aborto terapéutico, queriendo limitar aun más los motivos de salud que las mujeres pueden invocar para interrumpir el embarazo. Aunque al final dio marcha atrás en este intento, el espíritu de la acción propuesta sigue siendo motivo de preocupación para defensoras de los derechos de las mujeres: las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Parlamento Europeo podrían dar lugar a interpretaciones estrechas que niegan estas decisiones.
Europa tiene algunas de las leyes más progresistas sobre la igualdad de género y las opciones sexuales y reproductivas. Sin embargo, en varios países aún hay una amplia brecha entre las políticas y leyes y la práctica en el terreno. La reciente resolución del Parlamento Europeo contribuye a cerrar esta brecha al enmarcarse en un lenguaje de igualdad entre los sexos y hacer demandas específicas a los gobiernos del continente. (AWID, Kathambi Kinoti)
Frente a las críticas del catolicismo y de sectores políticos conservadores, el gobierno español defendió hoy la nueva ley del aborto, que sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción del embarazo.
Se trata de una legislación que apuesta por la prevención y la educación sexual, con el objetivo de reducir el número de embarazos no deseados y el de abortos, subrayó este lunes la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
En declaraciones a Radio Nacional de España, la titular remarcó que es “una ley más segura, con más garantías tanto para las mujeres como para los profesionales, más parecida a las de los países de nuestro entorno, que pone un límite donde no lo había”.
La denominada Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que entrará en vigor en julio próximo, fue aprobada en las Cortes Generales (Parlamento bicameral) a fines de febrero pasado.
Impulsada por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la flamante norma autoriza el aborto libre hasta la semana 14 y su interrupción voluntaria hasta la 22.
Durante su tramitación parlamentaria fue objeto de enmiendas, en particular en la parte más polémica que permitía a las menores, a partir de los 16 años, abortar sin el consentimiento paterno.
Tras esas modificaciones, las jóvenes tendrán ahora que informar al menos a uno de sus progenitores.
Sin embargo, el dictamen establece excepciones a esta obligación, como en el hipotético caso que pueda suponerles un peligro cierto de violencia familiar, amenazas, desarraigos, malos tratos o coacción.
Miles de personas marcharon la víspera en varias ciudades de este país ibérico para exigir la revocatoria de la normativa, manifestaciones que Aído dijo respetar, aunque recordó el amplio consenso logrado por la iniciativa en las Cortes.
Aunque se despenalizó en 1985, el aborto sólo está permitido en España en los supuestos actos de violación, daños para el feto o si el embarazo puede poner en peligro la salud física o mental de la madre.
Los nuevos preceptos promovidos por el presidente del gobierno y líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, permitirán el aborto en la mayoría de los casos hasta la semana decimocuarta de gestación, sin riesgo de penalización para la mujer.
Ninguna fémina irá a la cárcel por interrumpir su embarazo, ni podrá ser incriminada por ello, ese es el cambio, destacó Zapatero el sábado último durante un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se cumple hoy.
Señaló que la anterior legislación supuso un avance hacia un cuarto de siglo, pero ahora “presentaba problemas en su aplicación que sólo la hipocresía o el intento de convertir convicciones religiosas en leyes permitía ignorar”. (Prensa Latina)
Republicanos y demócratas en Estados Unidos han devenido más polarizados en los últimos años respecto al tema del aborto, reveló hoy un sondeo de la agencia Gallup.
El asunto ganó en importancia política desde mediados de 2009 cuando entró a formar parte del núcleo de las discusiones sobre el proyecto de reforma sanitaria defendido por la Casa Blanca.
Desde 1975, la empresa encuestadora norteamericana indagó en la opinión pública nacional acerca del polémico tema y según estudios los demócratas se volvieron más liberales en la materia.
En relación con la pregunta de que si el aborto debía o no ser legalizado, los republicanos se tornaron más conservadores desde 1990 y reforzaron su criterio acerca de que se mantuviera ilícito.
De acuerdo con la misma fuente, durante las décadas de 1970 y 1980 los partidarios de ambos gremios políticos tenían opiniones similares y decían que el aborto debía ser legal “sólo en determinadas circunstancias”.
Republicanos más conservadores lograron imponer el criterio, ahora muy extendido, de que con la reforma propuesta el presidente Barack Obama usará el dinero de los contribuyentes para pagar abortos y practicar la eutanasia.
Ese argumento y otras controversias congelaron los debates en el Capitolio desde finales de 2009 y los correligionarios de la Oficina Oval aún no han podido desenredar el nudo legislativo.
(Prensa Latina)
