Caso KL, cinco años de impunidad
Ministro cumpla,
¡protocolo para el aborto legal ahora!

Las organizaciones integrantes del Grupo Impulsor de la Campaña 28 de Septiembre en Perú, hacen un llamado a las organizaciones populares de mujeres, organizaciones juveniles, de estudiantes, feministas, organizaciones defensoras de derechos humanos y todas aquellas personas que creen que la vida digna sólo es posible si se garantiza la autonomía de las mujeres y su derecho a decidir sobre su cuerpo, a movilizarse por la despenalización del aborto y la prestación de servicios cuando éste es legal.

Este 24 de octubre, se cumplen cinco años del dictamen en el caso KL, adolescente a quien le fue negado el acceso al aborto terapéutico. Esta resolución del Comité de Derechos Humanos, que es la primera que se dictó sobre un asunto de aborto en el sistema internacional de derechos humanos, aun espera respuesta del gobierno peruano, el que reiteradamente ha evadido asumir su responsabilidad frente a esta grave violación de derechos.

Una de las obligaciones que exige el dictamen al Estado peruano es tomar todas las medidas para evitar que otras mujeres, sobre todo adolescentes, sufran trato cruel, inhumano y degradante al tener que parir un feto sin cerebro y que no tendrá viabilidad fuera del útero.

Infelizmente desde que el dictamen fuera publicado, se han registrado más de 121 casos de nacimientos de  fetos anencefálicos, los que se pudieron evitar, de haberse aprobado el protocolo nacional para la atención del aborto terapéutico. El embarazo de feto anencefálico es solo uno de los casos en que procede el aborto terapéutico, que es legal en el país desde 1924.

El embarazo adolescente es una preocupante situación que los gobiernos de la región andina se han comprometido a enfrentar declarándola como un problema de salud pública, dado que evidencia la ausencia de políticas efectivas para garantizar una vida digna y de desarrollo pleno de las mujeres.

En el caso del Perú, las cifras oficiales del Ministerio de Salud confirman que la situación ha empeorado, pues en el 2006 se tenía que el 12,2% de adolescentes estaban embarazadas o ya eran madres y en el 2009 la cifra aumenta llegando a casi 14%. Esta situación se agudiza pues las adolescentes más afectadas son aquellas con bajos niveles educativos, las que radican en las zonas rurales y de selva, y pertenecen a los segmentos más pobres de la población.

Foto: UNICEF

Frente a esta preocupante situación, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en el marco de las acciones por la “Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente”, hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, del Congreso de la República y de los Gobiernos Regionales, a adoptar  medidas urgentes a fin de promover la disminución del embarazo en adolescentes, dado que es un compromiso asumido por el gobierno peruano, que suscribiera la Resolución de la Vigésima Séptima Reunión Ordinaria de Ministros de Salud del Área Andina. En ella se compromete a declarar prioritarios los planes para su prevención y atención integral.

Entre las medidas urgentes, que deben adoptar las autoridades para disminuir el embarazo adolescente, señalamos las siguientes:

• Aprobar el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente, que incluya la atención diferenciada y que se garantice el acceso oportuno de métodos anticonceptivos, incluidos la anticoncepción oral de emergencia.
• Promover la derogatoria de la Ley Nº 28704 que atenta contra la libertad sexual que tienen los y las adolescentes, al penalizar las relaciones sexuales con y entre adolescentes. Y modificar el artículo 4 de la Ley General de Salud que obliga a los y las adolescentes a asistir a los servicios de salud con sus padres o apoderados.
• Destinar mayores recursos para mejorar la implementación de los lineamientos de educación sexual integral en las instituciones educativas, los que sólo se aplican en la hora de tutoría, siendo insuficiente para que los y las adolescentes accedan a información de calidad.
• Incorporar e implementar de manera efectiva, en los planes de desarrollo concertado de los gobiernos regionales, líneas de acción que garanticen el avance de los compromisos asumidos por el gobierno peruano, en materia de atención diferenciada para adolescentes, acceso oportuno a métodos anticonceptivos y servicios de atención para la prevención de aborto inseguro en las adolescentes.

Disminuir las cifras de embarazo adolescente es un asunto de voluntad política que debe movilizarnos a todos y todas. Una deuda pendiente con las mujeres, en especial con las adolescentes y más pobres, en una sociedad que todavía no hace los esfuerzos necesarios para garantizar la educación y salud de calidad para todos y todas. (CMP Flora Tristán)

Foto: El Tiempo

Los colegios están obligados a dar información sobre los tres casos en que la interrupción del embarazo está despenalizada, pero no solo con clases magistrales.

 

Foto: Artemisas

Sobre un trasfondo de severa desigualdad económica y cultural, las políticas igualitarias en materia de género han presentado avances legales evidentes, aunque se sigue postergando el imprescindible debate sobre el aborto. Por otra parte, como señala Paola Bergallo, una de las mayores juristas sobre temas de género que tiene la Argentina, la construcción de la igualdad no depende sólo de normas legales; de ahí que resulte simultáneamente necesario remover un cúmulo de prejuicios y obstáculos materiales e ideológicos.

¿El reconocimiento del matrimonio gay es una sorpresa o el resultado de una pauta de igualdad que está cobrando robustez política y moral en nuestra sociedad?
La reciente experiencia de deliberación y reforma legislativa de la regulación civil de la familia representa un avance importante hacia la igualdad. Pero sería prematuro leer allí una tendencia consistente de transformación social y moral.

¿Por qué?
Las normas son hitos en los procesos de cambio social, pero el desafío es hacerlas cumplir, lograr que inspiren políticas públicas e intervenciones culturales que erradiquen la discriminación. La continuidad de la deliberación, la política y la movilización social son claves. Por otro lado, no podemos perder de vista cuán inequitativos son muchos de los vínculos familiares, incluyendo los matrimoniales formalizados o no. La construcción de relaciones familiares igualitarias, cualquiera sean las opciones e identidades sexuales de sus integrantes, no depende sólo de un cambio legal. Para hablar de una pauta, las reformas deberían además derramarse en otras causas del ideario igualitario. Por eso es incongruente afirmar que nuestra sociedad es más igualitaria que ayer y restringir otros debates como el del aborto.

En el caso de la adopción gay, ¿no es previsible que los jueces discriminen a las familias homosexuales?
La discriminación por orientación e identidad sexual es todavía una práctica común entre nosotros y el Poder Judicial ha copiado, a veces, las actitudes que debía combatir. Pero nuestra Constitución y los compromisos asumidos en materia de derechos humanos proveen el fundamento para que los jueces garanticen la igualdad en la organización de la vida familiar, entre las parejas con o sin hijos/as y cualquiera sea la orientación o identidad sexual de sus integrantes.

¿Estas nuevas filiaciones pueden traer cambios culturales en barrios o escuelas, por ejemplo?
Los cambios culturales están en marcha hace años en barrios y escuelas donde ya viven familias como las que recibieron reconocimiento jurídico con la reforma. Es posible que las nuevas normas contribuyan a asentar esos cambios, a expandir el goce de derechos de quienes temían la discriminación y postergaban constituir vínculos a los que injustamente se les negaba ciertos efectos legales. Pero hará falta más que normas para desarmar prejuicios.

También se reglamentó la ley contra la violencia de género, después de 16 meses de sancionada. ¿Qué se necesita para que la cultura patriarcal comience a declinar?
No hay recetas sencillas para desestabilizar el patriarcado ni la heteronormatividad. Las reflexiones feministas hace años han propuesto herramientas diversas y el movimiento por la diversidad sexual ha aportado otro tanto. La nueva ley de violencia se construye sobre parte de estas propuestas y aprendizajes comparados. Ahora bien, como mínimo, combatir la violencia en una cultura arraigadamente sexista y homo/lesbofóbica como la nuestra requiere, primero, reconocer que la violencia de género es un problema serio y extendido. La ley y su reglamentación son nuevas señales en ese sentido. Pero no son el primer intento de abordaje del tema. Si no queremos repetir fracasos, lo próximo será dotar a las instituciones responsables de la ejecución de esas normas a nivel nacional y provincial de capacidades, recursos materiales y humanos para poner en marcha políticas de calidad como las que demanda la ley.

En materia de prostitución, ¿habría que penalizar la oferta o la demanda de sexo? ¿O acaso sería más razonable una despenalización con recaudos sanitarios y espaciales?
Desconfío a priori de la penalización de conductas como herramienta para el cambio social. Pienso que la oferta de sexo debe ser despenalizada. De otro lado, si bien hay argumentos interesantes a favor de penalizar a los clientes, esa propuesta no puede obviar un análisis realista de cómo opera nuestro sistema penal y nuestra policía. Debería discutirse junto a herramientas que constituyan opciones reales para quienes desean dejar la prostitución. La explotación sexual es un tema de la agenda igualitaria en la que hay avances, pero insuficientes.

¿El cambio de identidad en el DNI debería ser el resultado de una elección autónoma o, como algunos proyectos legislativos lo fijan, debería recurrirse al análisis de expertos?
Dado que el cambio de identidad es una acción autorreferente, que no afecta a los demás, sujetar esa decisión a terceros constituye una restricción injustificada sobre la autonomía. Ella y la prohibición de discriminación son los valores que deben primar en la regulación de estas decisiones.

¿Qué deficiencias legislativas se presentan en materia de derechos reproductivos? ¿Qué cambios habría que implementar para garantizar la autonomía de las mujeres? Salvo en el caso de la penalización del aborto y la subregulación de la objeción de conciencia, no creo que los problemas de derechos reproductivos deriven de deficiencias legislativas. En cuanto depende de las instituciones estatales, si persisten las injusticias en el plano de la reproducción, es más bien por la falta de voluntad política para remontar barreras, ideológicas, entre otras, y por la ausencia de capacidad estatal para políticas públicas de calidad.

¿Nuestra sociedad se debe ahora un debate sobre el aborto?
Tomarse en serio los derechos de las mujeres implica debatir el aborto. Es otra deuda de nuestra sociedad y nuestra dirigencia. Los afectados por el silencio y la desidia en el tema somos todos. Una sociedad que calla las muertes evitables de sus ciudadanas, que está dispuesta a forzar a algunas a la maternidad y que permite que miles de mujeres se enfrenten por año al aborto inseguro poniendo en riesgo su salud, su vida o su dignidad, es una sociedad injusta. Y vivir en la injusticia nos perjudica a todos. En otro nivel, las mujeres nos perjudicamos por la ciudadanía de segunda que nos impone una comunidad dispuesta a sacrificar nuestros derechos sin hacer explícitas sus razones. Por supuesto, se perjudican más las mujeres que abortan en condiciones más inseguras, que suelen ser las más pobres, las más jóvenes y, con frecuencia, ya madres. Pero las más perjudicadas de todas -sin duda- son las 2578 mujeres que según las estadísticas murieron desde 1983 hasta 2008 por aborto. La mayoría habría salvado su vida de haber nacido en algunos de los países donde se ha enfrentado el tema.

La norma del Código Penal sobre aborto no punible, ¿cómo podría tener una clarificación interpretativa? ¿Sería suficiente una resolución administrativa, dirigida a los hospitales?
Algunas aclaraciones previas. El Código Penal argentino establece un modelo de permisos para abortar en ciertas circunstancias. Sin embargo, el acceso a servicios de aborto en esos casos ha estado hasta hace muy poco totalmente restringido, dejando la norma del Código en un limbo. Ante esa situación y la extensión del aborto inseguro, la primera opción es -y debió de haberse hecha hace años- ajustar el Código a los mandatos del acuerdo constitucional de 1994 que demanda el abandono de la penalización en el embarazo temprano. Ese debate no se dio y, mientras se siga postergando, las mujeres seguirán solicitando los abortos permitidos desde 1921. Como sabemos por casos que alcanzaron resonancia mediática, ante esos pedidos, los jueces autorizaron los abortos y aclararon, casi siempre, que no deberían haberse llevado a los tribunales. ¿Qué debían hacer las autoridades sanitarias que reconocen su responsabilidad frente al tema? ¿Esperar 90 años más? ¿Qué hicieron? Frente a las múltiples barreras y la improcedencia de la judicialización, las autoridades sanitarias de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y la gestión de Ginés González García en la Nación ejercieron sus competencias. Fijaron pautas para facilitar el acceso a servicios de salud cuando el aborto está permitido. También las legislaturas locales de La Pampa, la Ciudad de Buenos Aires y Chubut intentaron clarificar el tema, y sólo esta última sancionó una ley. Pero las iniciativas regulatorias sufren aún importantes déficits en su cumplimiento.

Todavía no se han puesto en marcha en todos los centros de salud donde deberían aplicarse …
Exacto. Para que esos intentos de respuesta sean una reacción seria, las guías, con o sin resolución administrativa, requieren un trabajo fino en los distintos niveles del sistema sanitario y con los profesionales de la salud. Exigen con urgencia, además, reglas y una política sobre la objeción de conciencia, ya que ésta es la herramienta con la que -donde existen guías- algunos obstruyen la prestación de servicios de aborto legal. Sin esas intervenciones, las guías o las leyes no serán más que hitos ineficaces.

Señas particulares:
Nacionalidad: argentina
Actividad: profesora de derecho de la universidad de San Andres. Investigadora (CEDES). Abogada (UBA), con posgrados en las universidades de Stanford y Columbia. Investiga cuestiones de salud sexual y reproductiva.

Foto: El Universal

La directora de la asociación civil ‘Las Libres’, Verónica Cruz Sánchez, denunció que la Procuraduría de Justicia del Estado abrió dos averiguaciones previas para investigar y perseguir a mujeres que presuntamente abortaron recientemente.

De acuerdo con la activista, el primero de los casos se inició con la indagatoria, tras el hallazgo de un feto en el relleno sanitario, del municipio de Apaseo El Alto, Guanajuato.

El segundo expediente es el relativo al caso de una mujer a quien se le acusa de un aborto inducido con medicamentos, en el municipio de San José Iturbide.

“Estas prácticas no han cedido, y siguen persiguiendo a mujeres hay toda una persecución muy fuerte hacia las que toman estas decisiones o que por cuestiones de un accidente sufren un aborto. Es una criminalización de las mujeres”, denunció.

En Guanajuato, el aborto es un delito.
En el que caso de que las mujeres se practiquen la interrupción del embarazo, la condena será de uno a tres años de prisión, según establece el Código Penal del Estado de Guanajuato.

Este viernes, se presentó la iniciativa por parte del gobernador Juan Manuel Oliva, para que se reduzcan a 3 y 8 años las penas por este delito, -cuando en la actualidad alcanzan entre 25 y 35 años-, y con estas modificaciones las siete mujeres presas por homicidio en razón de parentesco, podrán salir libres.

Pero la directora de ‘Las Libres’ denunció que a las que están en prisión deben de salir en calidad de inocentes, y no como criminales.

“Lo que ellos pretenden es que se le dé el crédito por ser como buenas personas, por haber propuesto la reducción de las penas por homicidio en razón de parentesco, cuando en realidad fueron ellos y su partido el PAN, el que aprobó estos cambios a la ley, para elevar las penas tan altas”, señaló Cruz Sánchez.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado concluyó una investigación de las siete mujeres encarceladas por homicidio en razón de parentesco, y determinó que las penas que se imponen actualmente son muy altas.

Pero además informó en un comunicado la PDHEG, que en las cárceles de Guanajuato no hay mujeres encarceladas, ni procesadas ni sentenciadas por el delito de aborto.

Además detalló que se garantizaron sus derechos y que no hubo criminalización en contra de estas mujeres. (Milenio)

Foto: El Universal

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandó la inmediata liberación de las seis mujeres encarceladas en penales del estado de Guanajuato, acusadas de haber cometido el delito de homicidio en razón de parentesco.

La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese instituto político, Hortensia Aragón Castillo, aseveró que el gobernador Juan Manuel Oliva y las autoridades judiciales de la entidad cometieron abusos en estos casos.

“Valiéndose de la ignorancia y falta de conocimiento legal de estas mujeres, todas indígenas y con escasa preparación educativa, las mantienen privadas de su libertad declaradas culpables bajo engaños al no brindárseles una defensa legal adecuada”, aseguró.

Agregó que de forma amañada y tratando de quitar presión mediática al gobernador de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado pregona en todos los espacios públicos en los que se presenta, que en las cárceles de la entidad no hay mujeres detenidas por esas causas.

Sin embargo, señaló que son contradictorias las fundamentaciones jurídicas que se usan para sancionar a esa mujeres, pues el texto del Artículo 158 del Código Penal de Guanajuato, referente al aborto, busca criminalizar a las mujeres que por causas diversas se han visto orilladas a abortar, la mayoría de ellas luego de haber sido violadas.

La dirigente nacional perredista afirmó que no es suficiente la propuesta presentada ayer por el gobernador Oliva Ramírez para reformar el Código Penal del estado y reducir las penas por el delito de homicidio en razón de parentesco, que actualmente son de 25 a 35 años de cárcel y que busca se ubiquen de tres a ocho años.

“Evade el tema central de fondo, que es la criminalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”, subrayó.

Contextualizó que las seis mujeres encarceladas no son las únicas que han sufrido la persecución que, amparadas en la Constitución local realizan autoridades judiciales.

Indicó que desde el año 2000 y hasta la fecha, se tiene conocimiento público de 166 averiguaciones previas contra mujeres relacionadas con el delito que en Guanajuato se denomina homicidio en razón de parentesco, pero que a todas luces son acusaciones por aborto.

“Creemos que no son las únicas y que la cifra negra no reconocida puede ser mayor, por lo que exigimos al gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez poner un alto a la persecución contra las mujeres y se frenen los procesos que se siguen contra todas las que están denunciadas, procesadas, sentenciadas o encarceladas por las causas ya descritas”, aseguró. (La Crónica)

La Organización de Naciones Unidas instó al gobierno a “garantizar” la aplicación de la Guía para la Atención Integral de Abortos no Punibles, que el ministerio de Salud negó haber elevado a Resolución, y pidió que “revise” la legislación que tipifica como delito la interrupción del embarazo.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de la ONU, que monitorea el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, pidió al gobierno que presente en dos años “información escrita” sobre las medidas para el cumplimiento de esas recomendaciones.

“El Estado debe garantizar que la Guía para la Atención Integral de casos de Aborto no punible es aplicable en todo el país de manera uniforme por lo que es igual y el acceso efectivo a servicios de salud a los embarazos de interrupción”, sostuvo el texto difundido hoy por organizaciones no gubernamentales.

La actualización de la guía para la práctica de abortos no punibles destinada a profesionales de la salud, vigente desde 2007, provocó una polémica en julio cuando el ministerio de Salud negó haber elevado a Resolución las recomendaciones presentadas con esa categoría ante el CEDAW.

En el marco de la actualización, la guía prevé la práctica del aborto en casos de violación con la sola exigencia de una declaración jurada o una denuncia policial de la mujer.

“El Comité también insta al Estado a que revise la legislación vigente que tipifica como delito el aborto, con graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres”, advirtió el CEDAW.

El organismo, asimismo, pidió al gobierno a que “adopte todas las medidas necesarias para reducir aún más la alta tasa de mortalidad materna” y manifestó “preocupación por la tasa de embarazo de adolescentes niñas y la mortalidad materna, un tercio de la cual es causada por el aborto ilegal”.

En ese sentido, reclamó que se garantice el acceso de mujeres y adolescentes a servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, y pidió “procurar que la educación sobre salud sexual y reproductiva se lleva a cabo en todas las escuelas en todos los niveles”.

El informe, elaborado como respuesta al expuesto el 13 de julio por el gobierno y organizaciones no gubernamentales sobre la situación de los derechos humanos de la mujer en el país, reclamó que se “acelere la adopción y aplicación” en las provincias de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género.

El reporte, por otra parte, “lamentó” que “no fue castigada” la violencia sexual cometida contra mujeres en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar y pidió “reparaciones a las víctimas”.

El organismo, en tanto, reclamó que el gobierno “siga intensificando esfuerzos” contra la trata de personas y destacó la “necesidad” de trabajar en los ámbitos provinciales y municipales, “especialmente en el norte de Argentina y en las zonas nororientales, donde hay más grupos de riesgo”.

Entre los avances logrados por el gobierno, el informe destacó la participación política de la mujer y expresó que “acoge con satisfacción” que, “por primera vez, una mujer ha sido elegido Presidente”.

En ese sentido, remarcó que la “cuarta parte de todos los ministerios están encabezados por mujeres y que, hasta la fecha, el 22 por ciento de las personas designadas a nivel de Secretario de Estado y 23 por ciento a nivel de Secretario son mujeres”, pero advirtió que “hay marcadas diferencias entre las provincias”.

El informe fue difundido en conferencia de prensa por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras organizaciones. (LosAndes.com)

La Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno y al Congreso de Guanajuato revisar los expedientes de las seis campesinas sentenciadas a purgar penas de más de 25 años de cárcel acusadas de homicidio por abortar, a fin de “certificar que sus procesos se efectuaron con apego a los estándares internacionales de justicia”.

Liliana Valiña, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dio a conocer aquí nueve recomendaciones del organismo internacional dirigidas al gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, y al Poder Judicial en relación con las campesinas presas y con la violencia generalizada que sufren las mujeres de la entidad.

Dijo que la ONU “confía en que el sistema de justicia aplicará mecanismos para garantizar un trato no discriminatorio y prejuicioso contra las mujeres, para evitar acusaciones inadecuadas por aborto u homicidio en razón de parentesco.

“Es pertinente –subrayó– que las autoridades revisen los casos de María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha para asegurar que tanto los procedimientos como los principios fundamentales del derecho a la defensa hayan estado apegados a los estándares internacionales del debido proceso, particularmente el relacionado con el principio de presunción de inocencia.”

Para la ONU es necesario que el gobierno de Guanajuato garantice “en la legislación penal” los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y debe revisar –añadió– la figura de “homicidio en razón de parentesco” para que no se aplique a casos de distinta naturaleza, con lo cual matizará “la proporcionalidad de las penas”, dijo Valiña en conferencia de prensa, toda vez que la ley actual castiga con idéntico rigor un aborto y un infanticidio.

Asimismo, la representante del alto comisionado llamó a reformar la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia contra el sector femenino, porque “en su versión actual no hace visibles los problemas de las mujeres que la sufren”.

Foto: El siglo de Durango

Tras 15 años de registrar una tendencia a la baja, el embarazo de adolescentes en México ha vuelto a repuntar.

Varios factores. Para Carlos Campos, especialista de Mexfam, el incremento en el embarazo de adolescentes es resultado de la reducción del presupuesto de los programas gubernamentales de planeación familiar, de las insuficiencia de la educación sexual en las escuelas y de la erotización de los contenidos de los medios de comunicación.

De acuerdo con datos de la División de Población de la ONU, de 2006 a 2008 la tasa de nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años aumentó casi un 10 por ciento, al pasar de 82.3 a 90.3.

La tasa es casi seis veces superior a la de España -de 13.3 nacimientos- y es una de las más altas de América Latina.

El pasado 12 de julio, el secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Félix Vélez, proporcionó datos diferentes a los de la ONU. Sostuvo que la tasa de nacimientos de madres adolescentes pasó de 81.4 por cada mil mujeres en 1990 a 69.5 en 2007.

Reconoció, sin embargo, que la cifra sigue siendo “inquietante y está lejos de la meta de 58 fijada en el Plan Nacional de Población 2008-2012″.

“El sector salud reconoce que para avanzar de manera más contundente en esta meta se debe optimizar la coordinación con el sistema educativo a fin de mejorar el componente de salud sexual y reproductiva en los procesos formativos de la niñez y la juventud, así como enfocar esfuerzos en grupos vulnerables como los estratos socioeconómicos bajo y medio bajo, ya que son los que tienen el mayor riesgo de embarazos no planeados”, indicó durante la presentación del primer informe de ejecución del programa.

La tasa de embarazos de adolescentes es uno de los indicadores de cumplimiento del Objetivo del Milenio planteado por Naciones Unidas en materia de mejora de la salud reproductiva de las mujeres.

Marco Antonio Olaya Vargas, director de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud, indicó que cada año se registran en México alrededor de 2 millones de nacimientos de mujeres en edad fértil -que comprende de los 15 a los 49 años-, de los cuales 350 mil, el 17.5 por ciento, corresponden a adolescentes.

El funcionario reconoció que esos embarazos están asociados en muchos casos a la falta de acceso a métodos anticonceptivos.

“Todavía hay barreras institucionales en muchos de los casos que dificultan que los jóvenes puedan recibir servicios adecuados a sus características”, reconoció.

Aunque el conocimiento de anticonceptivos entre adolescentes es superior al 90 por ciento, indicó, 9 de cada 10 tienen su primera relación sexual sin protección.

“Hay como un estancamiento entorno de la educación de la salud reproductiva de los adolescentes”, alertó, “no están teniendo acceso a información científica validada en evidencia, que sea confiable para tomar decisiones”.

Olaya Vargas dijo que desde el 2003 hay una campaña mediática sobre planificación familiar dirigida a adolescentes, pero su lanzamiento se ha pospuesto por falta de recursos. (El siglo de Durango)